El público británico se opone a los intentos de despenalizar el aborto y cree que el derecho penal establece límites claros y protege a todos los involucrados, según una importante encuesta de Whitestone Insight.
Al preguntarles si «tener un aborto ilegal debería seguir siendo un delito para proteger tanto al feto como a las mujeres vulnerables que podrían verse obligadas a perder el bebé que deseaban, por ejemplo, por una pareja abusiva», más de seis de cada diez (62 %) estuvieron de acuerdo, mientras que menos de una de cada cinco (17 %) discrepó.
Un número similar (64 %) coincidió con la afirmación de que «el aborto es una cuestión de vida o muerte y, por lo tanto, es apropiado que el derecho penal establezca límites claros para proteger a todos los involucrados». Solo el 14 % de los encuestados se mostró en desacuerdo.
La encuesta, realizada a más de 2000 ciudadanos y encargada por el grupo provida SPUC, es la primera prueba de la opinión pública desde que se presentaron los planes para despenalizar el aborto como enmiendas al Proyecto de Ley sobre Delincuencia y Vigilancia Policial, actualmente en el Parlamento.
Se encontró que el público subestima enormemente la cantidad de interrupciones del embarazo que se llevan a cabo en el Reino Unido cada año, con uno de cada tres (33%) diciendo menos de 50,000 y la mitad (50%) menos de 100,000, casi dos tercios de los encuestados apoyaron la idea de extender las sanciones penales a los proveedores de abortos. Al preguntarles si estaban de acuerdo con la siguiente declaración: "Es injusto que solo las mujeres embarazadas, y no quienes prescriben o dispensan píldoras abortivas a las mujeres, sean responsables del uso indebido de esas píldoras", el 64% estuvo de acuerdo y solo el 17% estuvo en desacuerdo.
Michael Robinson, Director Ejecutivo de SPUC, dijo que la encuesta muestra que el público británico comprende mejor las complejidades en torno al aborto que aquellos "que defienden el aborto a demanda".
Dijo: “La encuesta, la primera desde la publicación de las enmiendas propuestas al Proyecto de Ley de Crimen y Policía, muestra claramente que el público británico no apoya el aborto a demanda y rechaza los argumentos profundamente defectuosos del lobby del aborto de que debería eliminarse del derecho penal. Si bien cree que la ley debería aplicarse rara vez, el público reconoce que la sanción penal debería aplicarse en algunos casos y quiere que la ley se extienda para cubrir a aquellos proveedores de abortos que actúan de manera imprudente poniendo en peligro las vidas de las madres y sus bebés”.
Reino Unido: Reconocen que la vida de un bebé es preciosa y que el aborto no es como la extirpación de un juanete, es la terminación de la vida de un bebé. Por eso debe haber facultades de reserva en el derecho penal que protejan tanto a la madre como al niño.
Preguntó: “El derecho penal debe continuar aplicándose en casos de aborto ilegal, pero solo cuando una mujer no podría haber sabido razonablemente qué tan avanzado estaba el embarazo cuando se tomaron las píldoras abortivas”, la mitad (49 por ciento) estuvo de acuerdo con uno de cada siete (15 por ciento) en desacuerdo y un tercio (34 por ciento) no está seguro o no responde.
Para sondear aún más la opinión pública, la encuesta preguntó: «Solicitar un aborto ilegal no debería ser un delito». De quienes expresaron su opinión, casi seis de cada diez (58 %) discreparon y cuatro de cada diez estuvieron de acuerdo.
El Sr. Robinson concluyó: «Si bien el público británico subestima enormemente el número de abortos anuales, con la mitad de los encuestados pensando erróneamente que son 100 000 o menos, la cifra real es de casi 300 000. Reconocen que la vida de un bebé es preciosa y que el aborto no es como la extirpación de un juanete, es la terminación de la vida de un bebé. Por eso debe haber facultades de reserva en el derecho penal que protejan tanto a la madre como al niño. Quienes promueven el aborto a petición y sin consecuencias coinciden con la opinión pública, e insto a los parlamentarios a rechazar estas enmiendas y, en su lugar, a buscar maneras de extender la responsabilidad penal a quienes ponen en peligro imprudentemente la salud y la vida de mujeres vulnerables».
*Fuente: Parliament Politics News. Por Alistair Thompson. Junio 2025.
