Hoy, la Cámara de los Lores está examinando un proyecto de ley para la introducción del suicidio asistido legalmente en el Reino Unido presentado por la baronesa Molly Meacher. En vísperas de la presentación del proyecto de ley, 1.689 médicos, farmacéuticos y estudiantes de medicina dirigieron una carta abierta a los Pares de Inglaterra y al ministro de Sanidad, Sajid Javid, y otra carta conjunta a tres destacadas figuras religiosas: el arzobispo anglicano de Canterbury Justin Welby, el cardenal Vincent Nichols y el rabino Ephraim Mirvis.
El texto de la pdl establece que debe suministrarse un fármaco letal a una persona que lo solicite y que haya expresado: 1) Un deseo voluntario, claro, establecido e informado de poner fin a su vida; 2) Que tenga capacidad legal para tomar decisiones; 3) Que se le haya diagnosticado una enfermedad para la que no exista tratamiento y para la que sea razonable esperar que muera en un plazo de seis meses.
Los médicos firmantes de la carta objetan: "El paso de la defensa de la vida a la eliminación de la vida es enorme, y no se puede minimizar. Es imposible que ningún gobierno redacte leyes de suicidio asistido que contengan salvaguardas legales duraderas contra futuras extensiones y ampliaciones de estas leyes. (...) Cualquier cambio amenazaría la capacidad de la sociedad para salvaguardar a los pacientes vulnerables de los abusos; enviaría un claro mensaje a nuestros pacientes frágiles, ancianos y discapacitados sobre el valor que la sociedad otorga a sus vidas. (...) Lejos de ser una decisión que no afecta a nadie más, el suicidio asistido nos afecta a todos. Algunos pacientes nunca considerarían el suicidio asistido si no se les ofreciera. La cruel ironía es que la legislación introducida con la intención de aumentar las opciones de los pacientes disminuirá las opciones de los más vulnerables.
Fuente: Tempi*
"Vida asistida, no suicidio asistido".
Los firmantes (entre los que se encuentran personalidades como Johann de Bono, catedrático de Medicina Experimental del Cáncer en el Instituto de Investigación Oncológica, David Galloway, ex presidente del Real Colegio de Médicos y Cirujanos de Glasgow, y Rob George, catedrático de Medicina Paliativa del King's College de Londres) concluyen: "Nunca quitaríamos la vida a nuestros pacientes, aunque ellos nos lo pidieran. Pero por el bien de todos y de las generaciones futuras pedimos que no se modifique la ley actual".
Welby, Nichols y Mirvis escriben que están "profundamente preocupados" por el proyecto de ley. Reconocen las buenas intenciones de la baronesa Meacher, pero creen que su iniciativa es errónea: "Reconocemos que el objetivo de la baronesa Meacher es reducir el sufrimiento. Compartimos esta motivación con cuidado, pero no estamos de acuerdo con los medios propuestos para responder a esta preocupación tan real. El objetivo de una sociedad compasiva debería ser la vida asistida, y no la aceptación del suicidio asistido".
La elección de la eutanasia
Para muchos está claro que el proyecto de ley, de ser aprobado tanto por los Lores como por los Comunes, sería la ganzúa para futuras ampliaciones de la eutanasia a través de sentencias judiciales contra los aspectos discriminatorios del texto presentado: ¿por qué hay que discriminar a quienes tienen un pronóstico de supervivencia de más de seis meses? ¿Los que sufren intensamente pero no están destinados a morir en un tiempo previsible? ¿Los que desean acabar con su sufrimiento pero no pueden hacerlo por sí mismos y necesitan que otros acaben con su vida? La ley contempla el derecho a la objeción de conciencia para los médicos que no quieran prestar servicios de suicidio asistido, pero los objetores podrían ser demandados por no informar a los pacientes de que el suicidio asistido está entre los tratamientos disponibles para ellos.
Según el Daily Telegraph, el ministro de Sanidad, Javid, y el primer ministro, Boris Johnson, se oponen al proyecto de ley, pero si lo aprueban los Lores, pasará a la Cámara de los Comunes en unos meses como máximo. Según las últimas encuestas, el 73% de los británicos estaría a favor del suicidio asistido legal, pero sólo el 35% de los diputados opinaría lo mismo.
*Fuente: Tempi. Por Rodolfo Casadei. 22 de octubre de 2021.
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