BARCELONA – La Fundación de Abogados Cristianos en España ha presentado una denuncia penal contra la ministra de Sanidad española, Mónica García, por negar las consecuencias negativas de realizarse un aborto.
El grupo ha acusado a García de negligencia grave y prevaricación administrativa después de que dijera que “el síndrome postaborto no existe” y que “es un engaño”.
Ella hizo sus comentarios durante el lanzamiento de un sitio web respaldado por el gobierno que brinda información favorable al aborto, que también ha sido criticado por restar importancia a las consecuencias negativas que pueden seguir a un aborto.
La Fundación de Abogados Cristianos publicó un comunicado el 14 de octubre a los medios de comunicación explicando que ignorar los riesgos del aborto “viola el deber de proporcionar información veraz sobre cuestiones de salud y expone a las mujeres a decisiones desinformadas que pueden perjudicar su salud”.
La denuncia fue enviada a la Fiscalía y hace referencia a algunos informes científicos “que confirman las consecuencias físicas y psicológicas del aborto en las mujeres”.
La denuncia incluye también una sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo, confirmada también por el Tribunal Supremo, que condena a la asociación de centros de aborto (ACAI) por publicidad engañosa al afirmar en su página web que el aborto no conlleva ningún riesgo.
Uno de los estudios incluidos en la denuncia sostiene que “las mujeres que se sometieron a un aborto experimentaron un riesgo 81 por ciento mayor de tener problemas de salud mental” y que “la tasa de suicidio después de un aborto fue tres veces mayor que la tasa general de suicidio y seis veces mayor que la de después del parto”.
La denuncia también cita evidencia de que “las mujeres que se realizaron abortos tuvieron un riesgo dos veces mayor de ser hospitalizadas por trastornos mentales (depresión, ansiedad, abuso de sustancias) en los cinco años siguientes, especialmente aquellas menores de 25 años”.
La presidenta de la Fundación de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, afirmó: «El aborto es un procedimiento con numerosos riesgos y consecuencias para las mujeres. Negar esta realidad y no informar a las mujeres es ilegal porque pone en grave peligro su salud y constituye una coerción inaceptable».
La controversia se encendió originalmente a finales de septiembre cuando el Ayuntamiento de Madrid aprobó una propuesta, presentada primero por el partido Vox y luego aprobada por el PP (Partido Popular), para proporcionar a todas las mujeres que buscan un aborto información sobre el "síndrome postaborto".
El gobierno contraatacó y García dijo que “el Ministerio revisará judicialmente la legalidad de la acción y las consecuencias legales que pueda tener este acoso”.
Unos días después, el 3 de octubre, el gobierno español, encabezado por el presidente Pedro Sánchez del PSOE (Partido Socialista Obrero Español), anunció que buscaría consagrar el derecho al aborto en la Constitución del país, una medida diseñada para combatir “cualquier intento de retroceso que amenace los derechos de las mujeres”.
Sánchez también escribió a los presidentes regionales de Asturias, Aragón, Madrid y las Islas Baleares —gobernados por partidos conservadores— pidiéndoles que crearan un registro de objetores de conciencia al aborto.
Esta medida provocó indignación entre líderes católicos y médicos, y acusaciones de que se estaba creando una «lista negra».
José Antonio Díez, coordinador general de la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia (ANDOC), dijo al medio católico Alpha y Omega que “diga lo que diga el primer ministro, el derecho a objetar es un derecho constitucional”.
"¿Quién puede obligar a ciudadanos particulares a inscribirse en un registro que ni siquiera el Tribunal Constitucional exige como condición? A partir de ahí, todo son trucos y artimañas", añadió Díez.
Actualmente en España se permite el aborto hasta las 14 semanas de embarazo, y hasta las 22 semanas si existe un riesgo grave para la salud o la vida de la madre, o si hay problemas graves con el bebé.
Además, el aborto puede ocurrir después de la semana 22 si se detecta en el bebé una condición incompatible con la vida o cuando se detecta en el bebé una enfermedad grave e incurable en el momento del diagnóstico y es confirmada por un comité clínico.
*Fuente: CRUX. Por Fionn Shiner.
