La Sra. Bell dijo que no reportaría su servicio comunitario ni cumpliría con la libertad condicional, y que no podía admitir haber actuado mal con la conciencia tranquila.
⎪ACTIVISMO PROVIDA, CLÍNICA ABORTISTA, EEUU⎪
WASHINGTON—Joan Bell, quien ha sido descrita como la “matriarca del activismo provida”, fue sentenciada a 27 meses de prisión el 15 de mayo por su papel en bloquear el acceso a una clínica de abortos en octubre de 2020.
Su sentencia se unió a la de otras seis personas, incluida Lauren Handy, quien organizó y dirigió el evento. A menudo llamados “rescates”, este tipo de eventos están diseñados para bloquear el acceso a los abortos y/o convencer a las mujeres de que no continúen con sus citas para el aborto. Los eventos pueden variar en tácticas, y algunos, como el de 2020, utilizan candados para bicicletas y otras herramientas para impedir el acceso.
Bell, de 76 años, fue una de las primeras líderes del movimiento de rescate y el Departamento de Justicia la describió durante la sentencia como una figura icónica para los activistas provida. La jueza de DC Colleen Kollar-Kotelly la condenó a 27 meses y 100 horas de servicio comunitario.
La Sra. Bell le dijo al juez que no reportaría su servicio comunitario ni cumpliría con la libertad condicional porque lo veía como una admisión de haber actuado mal, algo que, según dijo, no podía hacer con la conciencia tranquila.
El juez le dijo que volvería a prisión si desobedecía la sentencia del tribunal y planteó la posibilidad de que la Sra. Bell pudiera perder el crédito por el tiempo cumplido.
La Sra. Handy, de 30 años, fue sentenciada el 14 de mayo y recibió 57 meses por su papel, la mayor cantidad de todos los acusados que han sido sentenciados.
Jonathan Darnel, un veterano militar de 42 años sentenciado justo antes que la Sra. Bell el 15 de mayo, recibió la siguiente sentencia más alta de 34 meses. El juez Kollar-Kotelly señaló durante una audiencia anterior que ayudó a organizar el evento, además de transmitirlo en vivo desde la ubicación de la clínica.
Sentencias.
Las sentencias fueron inferiores al rango que el DOJ solicitó para cada uno de los siete acusados sentenciados el 14 y 15 de mayo. El DOJ, por ejemplo, había pedido al juez que le diera a la Sra. Handy una sentencia en “el extremo superior” de un rango de 63-78 meses. Mientras tanto, la señora Handy solicitó una sentencia de 12 meses.
Dos de los diez acusados, Heather Idoni y Paulette Harlow, aún no han sido sentenciados. Jay Smith, de 34 años, fue el único que se declaró culpable y fue condenado a diez meses de prisión en marzo de 2023.
Cada uno de los acusados sentenciados recibió 12 meses adicionales por un cargo de violación de la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas a las Clínicas (FACE), una ley aprobada durante el gobierno del ex presidente Bill Clinton.
El juez Kollar-Kotelly dijo que esos 12 meses podrían cumplirse al mismo tiempo que las sentencias más largas derivadas del otro cargo que involucra supuesta conspiración contra los derechos civiles. También dijo que estaba recomendando crédito por el tiempo ya cumplido.
John Hinshaw, de 69 años, y William Goodman, de 54, fueron sentenciados el 14 de mayo. Recibieron 21 meses y 27 meses respectivamente, así como tres años de libertad supervisada para cada uno.
El 15 de mayo, Jean Marshall, de 74 años, fue sentenciado a 24 meses, mientras que Herb Geraghty, de 27 años, recibió 27 meses.
De los acusados sentenciados, el Sr. Goodman y el Sr. Hinshaw han publicado avisos de apelación. Los abogados de Handy también han dicho que apelarán.
Los fiscales y el juez señalaron que los acusados tenían en sus antecedentes penales arrestos anteriores relacionados con el aborto. La señora Handy tenía una “inclinación” por este tipo de comportamiento, sugirió el fiscal Sanjay Patel durante la sentencia. El abogado de la Sra. Handy, Martin Cannon, le dijo al juez que ella estaba tratando de salvar bebés.
La administración del presidente Joe Biden acusó a Handy y a otras personas poco después de que ella y Terrisa Bukovinac, candidata presidencial provida y demócrata, dijeran a las autoridades que tenían una caja de bebés abortados. Obtuvieron a los bebés fuera de la misma clínica, la Washington Surgi-Clinic en la capital del país, donde tuvo lugar el “rescate” de 2020.
La Sociedad Thomas More, que representó a la Sra. Handy, emitió un comunicado de prensa indicando que apelaría en un intento de revocar su condena y cuestionar la constitucionalidad de la Ley FACE.
"Por sus esfuerzos para proteger pacíficamente las vidas de seres humanos inocentes no nacidos, la señora Handy merece agradecimiento, no una sentencia de prisión desgarradora", dijo el abogado principal de la Sociedad Thomas More, Martin Cannon, en el comunicado.
"Buscaremos enérgicamente una apelación de la condena de la señora Handy y atacaremos la causa fundamental de esta injusticia, es decir, la Ley FACE, que creemos que es inconstitucional y nunca más debería usarse para perseguir a los pro-vida pacíficos".
*Fuente: The Epoch Times. Por Sam Dorman, corresponsal en Washington que cubre tribunales y política para The Epoch Times.
